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Robles Figueroa lleva defensa de Danna Yanina a la justicia federal

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agosto 19, 2026
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Robles Figueroa lleva defensa de Danna Yanina a la justicia federal

Por Agustín Peña Cruz | NoticiasPC.com.mx

Ciudad Altamira, Tam.- La defensa de Danna Yanina “C” decidió trasladar al ámbito federal la disputa jurídica por su libertad, luego de que el equipo encabezado por el abogado Carlos David Robles Figueroa obtuvo la admisión de un juicio de amparo indirecto y una suspensión provisional del acto reclamado.

El litigio abre una nueva vía dentro de un caso que ha generado atención pública y cuestionamientos sobre las actuaciones de las autoridades judiciales de Tamaulipas. Para la defensa, el objetivo es revisar desde la jurisdicción federal las presuntas violaciones fundamentales que, sostiene, afectaron a la joven durante el proceso penal.

“Ya fue admitido el amparo indirecto y tenemos suspensión del acto reclamado y fechas de audiencias”, informó Robles Figueroa, quien aseguró que el equipo jurídico presentó un expediente de 92 fojas, además de anexos, para sustentar los agravios planteados ante el Poder Judicial de la Federación.

El abogado sostuvo que la estrategia federal no representa el abandono de los recursos locales, sino una ruta paralela ante lo que considera irregularidades en la tramitación de la defensa de Danna. En particular, cuestionó que una apelación presentada con anticipación todavía no haya sido remitida a la segunda instancia.

“Presentamos 15 días antes la apelación, pero las autoridades locales de Tamaulipas no son capaces de aceptar que se equivocaron”, afirmó.

La acusación es particularmente severa porque, de acuerdo con la postura de la defensa, Danna permanece privada de la libertad pese a que su representación considera que existen elementos suficientes para cuestionar las decisiones adoptadas durante la etapa inicial del proceso.

Robles Figueroa insistió en que la pretensión de su equipo es obtener la libertad de la joven mediante los mecanismos establecidos por el orden jurídico mexicano. “Vamos a obtener la libertad de Danna, pero por la vía federal”, declaró.

El amparo indirecto constituye una herramienta constitucional para que un órgano federal examine posibles actos de autoridad que vulneren derechos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. La suspensión, por su parte, busca preservar la materia del juicio mientras se resuelve el fondo de los argumentos planteados, aunque sus alcances concretos dependen de los términos establecidos por el órgano jurisdiccional.

En este caso, la defensa afirma que el expediente presentado ante la justicia federal documenta de manera “específica y meticulosa” las violaciones que, desde su perspectiva, habría sufrido Danna durante el procedimiento.

El acuerdo registrado en los estrados electrónicos establece la admisión de la demanda de amparo y refiere actuaciones correspondientes al 30 de septiembre, incluida la solicitud y concesión de una suspensión provisional. El expediente deberá ser analizado por el juez federal, quien tendrá que determinar, conforme al procedimiento constitucional, cuáles de los argumentos planteados son jurídicamente procedentes.

La defensa ha convertido ese análisis en el centro de su estrategia. Robles Figueroa afirma que existe confianza en que la justicia federal revise el expediente sin las limitaciones que, según su valoración, han marcado la actuación de las autoridades locales.

“Como equipo jurídico tenemos fe en la justicia federal”, señaló.

El abogado también agradeció el respaldo de los padres de Danna y de quienes han seguido públicamente el caso. Aseguró que la defensa continuará trabajando hasta conseguir la libertad de la joven.

Por ahora, la batalla jurídica entra en una etapa distinta. Mientras los procedimientos locales permanecen abiertos, el expediente federal coloca bajo revisión judicial las actuaciones que la defensa considera determinantes para la privación de la libertad de Danna Yanina “C”.

El siguiente paso dependerá de los tribunales federales: primero, del alcance de la suspensión concedida y, posteriormente, de la resolución que determine si las autoridades señaladas vulneraron derechos fundamentales de la joven.

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