Por Agustín Peña Cruz | NoticiasPC.com.mx |
Ciudad Altamira, Tam.- El presunto envenenamiento intencional de 18 animales en Altamira —15 perros y tres gatos— abrió nuevamente el debate sobre la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar la crueldad animal en Tamaulipas, donde, de acuerdo con la diputada Cynthia Jaime, el problema no radica únicamente en la existencia de leyes, sino en la falta de denuncias, recursos y personal especializado para hacerlas cumplir.
La legisladora sostuvo que el envenenamiento de animales constituye un delito previsto en la legislación estatal y llamó a los ciudadanos a presentar denuncias formales para evitar que los casos queden sin seguimiento.
“El envenenamiento, el ocasionarle la muerte de manera intencionada a los animales es un delito. Está en nuestra ley de protección animal”, afirmó.
Jaime advirtió que la aprobación de reformas legales pierde efectividad si las instituciones responsables no cuentan con las condiciones para aplicarlas. “No nos sirve que estemos aprobando iniciativas y que ya estén en nuestra ley si las autoridades competentes no nos ayudan a ejecutarlas”, señaló.
El caso de Altamira cobró relevancia luego de que habitantes de una zona rural reportaran la muerte de al menos 18 animales. La Dirección de Bienestar Animal municipal comenzó a recopilar testimonios, documentos y evidencias para integrar una denuncia colectiva ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
Entre los indicios localizados se encuentran restos de carne cocida con un polvo blanco aún no identificado y guantes de látex con residuos de la misma sustancia. Estos elementos llevaron a las autoridades municipales a considerar que los hechos pudieron haber sido intencionales, aunque hasta ahora no se ha identificado públicamente a un probable responsable.
Para la diputada, sin embargo, el número de animales afectados no disminuye la gravedad del hecho.
“Así fuera uno, es alarmante. Uno, como 10, como 20, es alarmante porque habla de conciencia, habla de sensibilidad, habla de la falta de humanidad”, sostuvo.
La legisladora consideró que una de las principales dificultades para avanzar en este tipo de investigaciones es la limitada infraestructura especializada. Recordó que Tamaulipas cuenta con un solo perito dedicado a este tipo de investigaciones, ubicado en Ciudad Victoria.
Ante ese escenario, proyectó la creación de unidades especializadas en protección animal en el sur del estado, sin necesidad de establecer inicialmente una fiscalía independiente que implique una mayor carga presupuestal.
“Necesitamos que existan las denuncias para que exista entonces una unidad especializada, a lo mejor no una fiscalía porque sabemos que eso genera un presupuesto, pero sí una unidad especializada en el sur de Tamaulipas”, explicó.
La propuesta busca reducir los tiempos de investigación y acercar a los municipios capacidad técnica para documentar posibles delitos contra animales.
Jaime también insistió en que los ayuntamientos deben cumplir con sus responsabilidades administrativas. Señaló que los municipios tienen que mantener actualizados sus reglamentos de bienestar animal, contar con áreas especializadas y disponer de inspectores capaces de realizar recorridos y verificar el cumplimiento de la normativa.
“Es muy importante que los municipios tengan sus reglamentos actualizados en bienestar animal, tener una dirección independiente de bienestar animal o de protección animal”, afirmó.
La diputada destacó además la importancia de incorporar desde edades tempranas contenidos educativos relacionados con el cuidado y bienestar de los animales. Recordó que ya fue aprobada una iniciativa para introducir estos temas en la formación de niñas y niños.
“Necesitamos tener conciencia. Nuestros animales hoy son seres sintientes y necesitamos respetarlos”, expresó.
El caso de Altamira ocurre en un contexto en el que la legislación tamaulipeca contempla sanciones para conductas de maltrato y crueldad animal. Jaime destacó que actualmente estos hechos pueden ser perseguidos de oficio, por lo que la investigación no debería quedar necesariamente paralizada ante el temor de testigos o la ausencia de nuevos denunciantes.
“Ya fue aprobado que se persigue además de oficio el maltrato animal. Antes se cortaba cuando ya había testigos y les daba miedo y a lo mejor había alguna amenaza. Ya no”, sostuvo.
La legisladora consideró que la coordinación entre ciudadanía, municipios, Congreso y Fiscalía será determinante para que los expedientes lleguen a consecuencias concretas.
“Solamente vamos a llegar a un buen puerto y vamos a empezar a establecer multas, sanciones e incluso cárcel si es necesario trabajando en equipo”, afirmó.
El expediente municipal deberá ser presentado ante la Fiscalía para que determine las diligencias correspondientes y establezca, con base en pruebas periciales y demás elementos de investigación, si existe responsabilidad penal.
Para Jaime, el objetivo no debe limitarse a atender el caso de Altamira, sino construir una estructura institucional capaz de responder ante futuros episodios de crueldad animal.
La legisladora resumió el reto en un punto: que las normas existentes dejen de ser únicamente disposiciones escritas y se conviertan en investigaciones, sanciones y mecanismos efectivos de protección para los animales.
