Por Agustín Peña Cruz | NoticiasPC.com.mx
Ciudad Altamira, Tam.– La detención de seis civiles luego de un altercado ocurrido en la clínica del Sistema DIF Altamira abrió una investigación para determinar si la actuación de la Guardia Estatal se ajustó a los protocolos de uso de la fuerza, mientras el gobierno municipal pidió evitar juicios anticipados y exhortó tanto a ciudadanos como a autoridades a presentar y sustentar sus versiones mediante los cauces legales correspondientes.
El secretario del Ayuntamiento de Altamira, José Francisco Pérez Ramírez, informó que la intervención policial ocurrió después de que personal del DIF solicitara auxilio a través del número de emergencias 911 al reportar que varias personas intentaban ingresar de manera violenta a las instalaciones y agredían verbalmente a los trabajadores.
“Hubo una llamada por parte del personal del DIF porque había personas que estaban intentando ingresar de manera violenta a las instalaciones. Se les pidió que se retiraran o que permanecieran en la parte exterior”, explicó el funcionario.
De acuerdo con el reporte preliminar, las personas involucradas aparentemente acudían por un paciente que se encontraba en la clínica. Sin embargo, las circunstancias que derivaron en el enfrentamiento continúan bajo revisión debido a que las autoridades municipales aún no cuentan con el informe oficial elaborado por la Guardia Estatal.
Pérez Ramírez señaló que el municipio conoció los hechos durante la madrugada, cuando comenzaron a circular versiones y videos del enfrentamiento en redes sociales.
“Todavía estamos en espera de la información oficial. No quiero adelantar conclusiones porque existen dos versiones: la de las personas detenidas y la de la autoridad”, sostuvo.
Entre los elementos que deberán esclarecerse figura la presencia de un hombre que, de acuerdo a los videos difundidos, se identificó como uno de los detenidos como integrante de la Guardia Nacional sin que hasta ahora exista confirmación oficial sobre esa afirmación.
Las autoridades confirmaron que los seis detenidos permanecen bajo resguardo de la Guardia Estatal mientras continúa la integración de los reportes correspondientes. El funcionario indicó que por el momento no cuenta con información sobre la identidad, lugar de residencia o características de los detenidos.
Uno de los aspectos centrales de la investigación será determinar si existió resistencia al arresto o agresiones directas contra los elementos de seguridad, circunstancias que, explicó el secretario, podrían justificar legalmente el empleo de la fuerza por parte de los oficiales.
“Si hubo una oposición a la detención, es natural que se utilice la fuerza para detener. Pero si además hubo agresión, tendremos que solicitar toda la información a la autoridad para conocer exactamente qué ocurrió”, afirmó.
Videos difundidos en plataformas digitales muestran momentos del enfrentamiento, incluyendo imágenes en las que aparentemente un elemento policial pierde parte de su equipo táctico durante el forcejeo. Sobre ello, Pérez Ramírez pidió cautela antes de emitir conclusiones.
“Muchas veces prejuzgamos al personal cuando pensamos que rebasa el uso de la fuerza. Si hubo una agresión o incluso le quitaron el arma o el casco a un elemento, estoy seguro de que están capacitados para actuar. Sin embargo, también existe un límite y eso deberá determinarse con la información oficial”, señaló.
El funcionario reiteró que el Ayuntamiento no respaldará ninguna versión sin antes conocer las evidencias que presenten tanto la corporación policial como los ciudadanos involucrados.
“No queremos decir que estamos a favor ni en contra. En redes sociales se emiten opiniones y juicios a priori. Nosotros no lo vamos a hacer; vamos a pedir la información y estamos en la mejor disposición de escuchar a los ciudadanos”, indicó.
Asimismo, invitó a quienes consideren haber sido víctimas de un uso indebido de la fuerza a presentar las denuncias correspondientes para que intervengan las instancias competentes, incluyendo Asuntos Internos de la Guardia Estatal.
Respecto a una posible denuncia por parte del Ayuntamiento, Pérez Ramírez aclaró que, por ahora, no existe una determinación en ese sentido. Explicó que, si durante la investigación se acredita algún delito cometido contra las instalaciones o el personal del DIF, corresponderá al propio organismo valorar la presentación de una querella.
