- El IETAM declaró responsables al alcalde Eduardo Gattás y al secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, por violencia política contra las mujeres. Seis meses después, ambos siguen gobernando mientras la sanción permanece congelada.
Por: Martín Díaz / Periodismo con Firma
En Ciudad Victoria hay una resolución que condena y otra realidad que absuelve. Entre ambas se abrió un limbo procesal donde la sanción quedó suspendida, pero el poder siguió intacto.
Los hechos se remontan al 29 de enero de 2026. Ese día, el Consejo General del IETAM aprobó por unanimidad la resolución IETAM-R/CG-03/2026, derivada del expediente PSE-25/2025. La autoridad electoral declaró responsables al alcalde Eduardo “Lalo” Gattás Báez y al secretario del Ayuntamiento, Hugo Arael Reséndez Silva, por violencia política contra las mujeres en razón de género.
La sanción contemplaba multas económicas y su inscripción durante un año en el Registro Público de Personas Sancionadas, una medida que, en el papel, significaba un golpe seco a sus futuras aspiraciones políticas.
El arte de operar los calendarios
Pero el poder sabe operar los calendarios. El 10 de febrero ambos funcionarios interpusieron un recurso de apelación. Lo cuestionable es lo que ocurre mientras el expediente sigue su curso: la ejecución de la sentencia permanece suspendida y el castigo quedó congelado en el escritorio.
Sus nombres no aparecen en los registros del INE ni del IETAM. No fueron exonerados; simplemente la resolución no produce efectos mientras otra autoridad resuelve.
Ese letargo encierra una contradicción intolerable. Cada vez que hay sesión de Cabildo, las regidoras afectadas deben volver a compartir la mesa de trabajo con los hombres que la autoridad electoral ya declaró responsables. Ellas enfrentan el costo político de haber alzado la voz; ellos continúan ejerciendo el poder como si nada hubiera ocurrido, incluso mientras mantienen abiertas sus expectativas de seguir haciendo carrera política.”
Mensaje devastador
La demora institucional envía un mensaje devastador. Mientras el expediente sigue esperando una resolución definitiva, la sanción permanece congelada y las sesiones de Cabildo continúan desarrollándose exactamente igual. Cuando los fallos tardan meses en los casos que involucran al poder, la confianza ciudadana comienza a desmoronarse y las instituciones pierden credibilidad.
Una justicia que se toma tanto tiempo para castigar al poderoso termina pareciéndose demasiado a la complicidad.
Ahí están los hechos. Que cada quien saque sus conclusiones.