Dr. Jorge A. Lera Mejía.
La aparente expansión del empleo formal en México, sustentada en registros administrativos que no se traducen en acceso efectivo a derechos, revela una distorsión estructural que compromete la credibilidad de las estadísticas laborales y, más grave aún, evidencia la fragilidad del modelo de crecimiento económico reciente.
Al cierre de mayo de 2026, el IMSS reportó 1,554,053 personas trabajadoras de plataformas digitales registradas como “beneficiadas” por la reforma, pero sólo 197,131 —el 12.7%— superaron el umbral de ingreso mensual equivalente a un salario mínimo y acceden efectivamente a los cinco seguros del Instituto. El 87.3% restante —1,356,922 personas— tiene Número de Seguridad Social activo, pero permanece en la condición de “vigente sin derecho a servicio”, configurando una formalidad simulada que no se traduce en protección social ni en derechos exigibles.
Este fenómeno no es aislado, sino reflejo de una economía que ha transitado hacia esquemas de precarización laboral bajo nuevas modalidades tecnológicas, sin que el marco institucional haya evolucionado con la misma rapidez.
La exigencia de un umbral mínimo de ingreso para acceder a la cobertura completa del IMSS genera un vacío de protección para la mayoría de estos trabajadores, atrapados en un limbo administrativo: son formalmente registrados, pero materialmente excluidos. Las plataformas cumplen formalmente con dar de alta a sus colaboradores y se blindan frente a inspecciones y sanciones, mientras el IMSS contabiliza cada registro como si implicara una incorporación plena a la seguridad social, aun cuando la atención efectiva se niega en la práctica.
El crecimiento del empleo informal se ha consolidado como válvula de escape ante la insuficiente generación de empleo formal efectivo, pero también como un factor que profundiza la fragilidad estructural de la economía. Lejos de ser una solución sostenible, la informalidad actúa como una fuga que diluye la productividad, reduce la base fiscal y limita la acumulación de capital humano. Los trabajadores que migran hacia esquemas informales lo hacen en busca de ingresos inmediatos, pero sacrifican estabilidad, protección social y posibilidades de desarrollo. Este fenómeno perpetúa un equilibrio de bajo crecimiento, donde la economía absorbe mano de obra, pero no genera bienestar duradero.
Desde una perspectiva de política pública, la situación exige una revisión integral del diseño de la seguridad social.
En primer lugar, es indispensable replantear la vinculación rígida entre nivel de ingreso y acceso a la cobertura integral, particularmente en sectores caracterizados por alta volatilidad salarial y jornadas fragmentadas. Un esquema de cotización proporcional o flexible permitiría incorporar gradualmente a estos trabajadores, garantizando al menos un paquete básico de atención universal y evitando que queden clasificados como “vigentes sin derecho” pese a su aportación fiscal.
En segundo término, se deben corregir los incentivos institucionales que privilegian el cumplimiento formal sobre el acceso efectivo. El IMSS y el INEGI tendrían que distinguir entre afiliación nominal y cobertura real en sus reportes, de modo que las cifras de empleo registrado reflejen con claridad qué proporción cuenta con prestaciones completas y cuál permanece con cobertura limitada al seguro de riesgos de trabajo. Esta transparencia estadística es condición indispensable para evaluar con rigor el mercado laboral, evitar el espejismo de crecimiento del empleo formal y alinear la política económica con diagnósticos veraces.
Por su parte, las plataformas digitales deben asumir una corresponsabilidad más robusta en la protección social de sus colaboradores. La reforma laboral ha demostrado que es posible ampliar derechos sin eliminar la flexibilidad ni afectar la disponibilidad de empleo, siempre que las empresas aporten cuotas patronales suficientes y se reconozca la naturaleza laboral de estas actividades. Esto implica transitar de un modelo de “colaboradores independientes” hacia esquemas híbridos con seguridad social obligatoria, mecanismos de estabilización del ingreso y garantías mínimas en materia de salud, riesgos de trabajo y ahorro para el retiro.
En el plano macroeconómico, la persistencia de esquemas laborales precarios y de formalidad incompleta está estrechamente vinculada al estancamiento del crecimiento del PIB y al débil dinamismo del mercado interno.
Aunque la incorporación de trabajadores de plataformas digitales ha evitado caídas mayores en las cifras de empleo formal —explicando hasta cuatro de cada diez plazas creadas en algunos periodos recientes— este impulso numérico no se traduce en un aumento equivalente del bienestar ni de la productividad. Una economía que expande su registro administrativo sin mejorar la calidad del empleo corre el riesgo de consolidar un modelo de bajo valor agregado y alta vulnerabilidad social.
Para romper estas inercias, se requiere una estrategia de desarrollo productivo que articule política industrial, innovación tecnológica y fortalecimiento del empleo formal pleno. Sectores como la manufactura avanzada, la energía, la agroindustria y los servicios intensivos en conocimiento pueden convertirse en motores de creación de puestos con prestaciones completas, pero demandan certidumbre regulatoria, infraestructura funcional, financiamiento accesible y coordinación efectiva entre federación, estados y municipios.
El reto es vincular estos esfuerzos con una reforma profunda de la seguridad social que avance hacia un esquema de protección universal financiado de manera mixta, donde el acceso a servicios esenciales no dependa exclusivamente del tipo de contrato o del umbral salarial mensual.
En suma, no basta con mejorar las cifras de empleo registrado; es imprescindible que éstas reflejen realidades tangibles de bienestar, protección y movilidad social. Mientras persista la brecha entre inscripción administrativa y derechos efectivos, México continuará atrapado en un espejismo estadístico que oculta la verdadera magnitud de su rezago social y económico, y que dificulta la construcción de un desarrollo equilibrado y sostenible.
