Por Claudia Zapata/CNT/ANTAM
Ciudad Victoria, Tamps.- La diputada local del PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, pidió a la Auditoría Superior del Estado (ASE) brindar mayor claridad sobre las sanciones que podrían enfrentar los alcaldes cuyas cuentas públicas 2024 presentaron observaciones, al considerar que la sociedad debe conocer el alcance de las irregularidades detectadas y las consecuencias que tendrán.
La legisladora señaló que los dictámenes aprobados por el Congreso dejan abierta la posibilidad de sanciones que van desde una amonestación hasta responsabilidades penales, pero no especifican la gravedad de las observaciones ni las medidas que se aplicarán en cada caso.
«No hay un castigo ejemplar, este dictamen deja abierta la responsabilidad desde una amonestación hasta la cárcel, pero no conocemos de qué tamaño es el resultado de las observaciones», expresó.
Guillén Vicente comentó que en las reuniones con el auditor superior del Estado planteó la necesidad de que existan consecuencias visibles para la ciudadanía.
«Espero que haya consecuencias que sean visibles para la sociedad, porque mientras no haya un castigo para alguien que sea del conocimiento público, difícilmente habrá un verdadero efecto de rendición de cuentas», sostuvo.
Paloma consideró que el órgano fiscalizador debe informar con mayor precisión la magnitud de las inconsistencias detectadas en cada cuenta pública y la responsabilidad que corresponde a los funcionarios involucrados.
«Quisiera que el auditor tome las medidas adecuadas en cada caso y que nos diga de qué tamaño es el problema, porque en los dictámenes solamente aparecen los ingresos, los egresos y que existen inconsistencias, pero no sabemos de qué tamaño son ni qué responsabilidad merecen», indicó.
Y respecto a la información que hace pública la Auditoría Superior del Estado, la legisladora aclaró que los dictámenes que llegan al Congreso son similares a los que se han presentado en legislaturas anteriores y recordó que cualquier ciudadano puede solicitar información adicional.
«Todo es público, se pedir la información que quiera a la Auditoría Superior del Estado y se la tienen que proporcionar. Es trabajo para todos», concluyó.
