Dr. Jorge A. Lera Mejía.
La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) ha venido consolidando una agenda de investigación y trabajo de campo orientada al tratamiento, la calidad y la gestión sostenible del agua en el estado, en respuesta directa a las crisis hídricas que han afectado tanto al consumo doméstico como a la producción agropecuaria.
Estas acciones se articulan con el gobierno de Tamaulipas, productores y con sectores productivos regionales, buscando mejorar la disponibilidad del recurso, su reúso y la mitigación de la sequía en el medio rural y urbano.
Tamaulipas ha enfrentado en los últimos años sequías severas que han afectado a 42 de los 43 municipios, comprometiendo simultáneamente el abasto para uso doméstico y el riego agropecuario.
La presión sobre presas internacionales y sistemas lagunarios, así como recortes al suministro para usos industriales, ha obligado a priorizar el agua para consumo humano y a buscar nuevas fuentes y modalidades de gestión del recurso.
En el sur del estado, la crisis en el sistema lagunario y la necesidad de trasvases entre cuencas evidenciaron la vulnerabilidad estructural del modelo hídrico, impulsando medidas de corto plazo como pipas, bombas e isotanques, y al mismo tiempo abriendo espacio a proyectos de largo plazo donde la UAT ha sido actor clave en investigación aplicada.
Investigadores de la UAT han desarrollado proyectos sobre aguas subterráneas, tratamiento de aguas y análisis de contaminación, especialmente en regiones con fuerte actividad agropecuaria.
En la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Aztlán (UAMRA) se realiza un estudio de aguas subterráneas que incluye análisis fisico‑químicos para determinar su calidad y delimitar usos posibles, atendiendo problemáticas agrarias asociadas a altos índices de salinidad en pozos de la zona de San Fernando.
Estos trabajos se complementan con estudios de hidrogeoquímica de aguas subterráneas y proyectos de certificación de laboratorios especializados en análisis y tratamiento de agua, con el objetivo de ofrecer diagnósticos confiables y servicios de monitoreo para autoridades, productores y usuarios urbanos.
La UAT también ha impulsado programas académicos y de investigación ambiental orientados a la gestión sostenible del agua y la conservación de ecosistemas estratégicos, lo que se refleja en su trayectoria pionera en estudios ambientales en el estado.
Los proyectos de la UAT se han orientado a resolver problemas concretos del sector agrario, como la salinidad del agua de pozo que afecta rendimientos agrícolas y la disponibilidad de agua para ganadería.
A partir del análisis de calidad del agua, los equipos de investigación formulan recomendaciones sobre tratamientos, mezclas de fuentes, selección de cultivos y prácticas de riego más eficientes, buscando reducir el estrés hídrico en unidades de producción.
La articulación con productores y el gobierno de Américo Villarreal Anaya se favorece gracias a la demanda expresa de actores productivos e iniciativa privada, que han propuesto a la UAT desarrollar estudios sobre calidad del agua, tanto por su impacto en procesos productivos como por su relevancia para la población.
Estas alianzas permiten aprovechar la infraestructura científica universitaria en beneficio del “rescate agropecuario”, apoyando estrategias estatales y federales que buscan garantizar el abasto para riego y consumo, y mitigar los efectos de las sequías en el campo tamaulipeco.
La crisis hídrica también ha impactado la provisión de agua potable en áreas urbanas y rurales, obligando a reforzar la prioridad del uso doméstico sobre otros usos en situaciones de emergencia.
Ante este contexto, se ha reconocido la importancia de contar con diagnósticos permanentes sobre la calidad del agua que llega a los hogares y a las redes de distribución, tarea en la que la UAT ha sido llamada a participar mediante proyectos de monitoreo y análisis.
Las investigaciones universitarias sobre parámetros fisico‑químicos y microbiológicos del agua, así como la certificación de laboratorios, contribuyen a que los organismos operadores y autoridades cuenten con evidencia científica para decidir tratamientos, mejoras en plantas potabilizadoras y acciones correctivas en redes de distribución, asegurando un suministro más seguro y sustentable para la población.
