Por Agustin Peña Cruz | NoticiasPC.com.mx
Ciudad Madero, Tam.- En un contexto donde la seguridad vial se ha convertido en una prioridad para las administraciones locales, el Ayuntamiento de Ciudad Madero ha optado por redefinir la lógica de los operativos de alcoholímetro. Lejos de un enfoque recaudatorio, la estrategia, encabezada por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín Rodríguez, busca disuadir conductas de riesgo y reducir accidentes mediante filtros aleatorios y un trato que el propio funcionario describe como “amigable”.
“Los fines de semana estamos instalando aleatoriamente en distintos lugares. Son meramente para disuadir, para filtrar accidentes. Definitivamente no tiene un objetivo recaudatorio”, afirmó el funcionario en entrevista, al subrayar que el espíritu de estos operativos es preventivo y no punitivo.
La política pública adoptada por el municipio responde a una tendencia creciente en diversas ciudades del país: privilegiar la concientización sobre la sanción inmediata. En este caso, los datos ofrecidos por la autoridad revelan un enfoque selectivo. Durante el fin de semana más reciente, se aplicaron 27 pruebas de alcoholemia, de las cuales únicamente 10 arrojaron resultados positivos. Sin embargo, solo seis vehículos fueron finalmente remitidos, lo que evidencia un margen de tolerancia en la aplicación de las medidas.
“Cuando verdaderamente vemos que ya no es viable su estado de conducir es cuando se formaliza a través del examen”, explicó Marín Rodríguez, quien insistió en que la intervención de los agentes ocurre únicamente cuando el nivel de ebriedad representa un riesgo tangible para terceros.
El diseño operativo incluye elementos que buscan fortalecer la legitimidad institucional. En los puntos de revisión participan instancias de control interno como la Contraloría, además de observadores de derechos humanos y corporaciones de seguridad como la Guardia Estatal y la Guardia Nacional. Esta supervisión múltiple pretende garantizar la transparencia y evitar abusos en la actuación de los agentes de tránsito.
“Está Contraloría, está incluso ya nos acompañó Derechos Humanos y nos han acompañado la Guardia Estatal y Nacional como observadores de estos filtros”, puntualizó el secretario, al precisar que la presencia de estas instituciones refuerza la confianza ciudadana.
Uno de los cambios más relevantes en la implementación de estos operativos es la reducción en el uso de grúas para el arrastre de vehículos, una práctica que en el pasado generó inconformidad entre automovilistas. De acuerdo con el funcionario, el retiro de unidades solo se realiza en casos estrictamente necesarios, cuando el conductor no se encuentra en condiciones de manejar y no hay otra alternativa segura.
“Ya no hay arrastre con grúas de vehículo. Solo cuando es indispensable, porque si no puede manejarlo, alguien tiene que hacerse cargo”, explicó, al precisar que en el último operativo únicamente seis unidades fueron trasladadas.
Este modelo proyecta un equilibrio entre la aplicación de la ley y el respeto a los derechos de los ciudadanos. La autoridad local parece apostar por una política de proximidad, en la que el diálogo y la advertencia funcionan como primeras herramientas de intervención, relegando la sanción a escenarios de mayor gravedad.
Sin embargo, en un país donde los accidentes viales asociados al consumo de alcohol continúan siendo una de las principales causas de mortalidad, la efectividad de estas medidas dependerá de su consistencia y de la percepción pública sobre su imparcialidad.
