Por Julio Manuel Loya Guzmán.
Cd. Victoria, Tamaulipas.- La diputada local del PRI en Tamaulipas, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, cuestionó la propuesta de reforma electoral impulsada desde el ámbito federal, al considerar que podría vulnerar el federalismo y restar facultades a los congresos estatales para definir la integración de sus órganos legislativos y ayuntamientos.
Durante una entrevista con medios de comunicación, la legisladora señaló que, aunque aún no se conocen todos los detalles de la iniciativa que se presentaría en los próximos días, las versiones que han trascendido apuntan a una mayor centralización de decisiones que actualmente corresponden a las entidades federativas.
“Lo que hay que proteger es al Estado. Parece que se está centralizando más que nunca”, afirmó.
Guillén Vicente advirtió que uno de los puntos que generan preocupación es la posibilidad de que desde el ámbito federal se determine el número de diputados locales o de regidores en los municipios, una facultad que actualmente corresponde a los congresos estatales.
La legisladora puso como ejemplo el caso de Tamaulipas, donde el Congreso local tiene la atribución de definir la integración de los cabildos y el número de representantes populares.
“Nos estarían quitando a los congresos locales la facultad de legislar sobre cuántos diputados debe tener el estado o cuántos regidores debe haber en los municipios”, subrayó.
De acuerdo con lo que se ha mencionado públicamente, la reforma contemplaría limitar a 15 el número máximo de regidores por ayuntamiento y modificar el esquema de elección de estos cargos.
No obstante, Guillén Vicente advirtió que este modelo podría implicar mayores costos operativos al requerir nuevas demarcaciones territoriales para elegir regidores de forma directa. “Eso implica hacer demarcaciones por municipio y puede convertirse en un gasto muy grande”, explicó.
Asimismo, alertó que reducir el número de regidores o de diputados podría afectar la representación de las minorías políticas en los cabildos y en los congresos. “La que termina lastimada es la representación minoritaria, porque habría que subir los porcentajes para poder acceder a esos espacios”, sostuvo.
En ese sentido, la legisladora también cuestionó el argumento de ahorro económico que se ha mencionado en torno a la reforma, estimado en alrededor de 4 mil millones de pesos.
“Se habla mucho del ahorro, pero también habría que preguntarnos cuánto cuesta la democracia”, expresó.
Respecto a la posibilidad de reducir el financiamiento público a los partidos políticos, Guillén Vicente advirtió que este tipo de medidas debe analizarse con cuidado para evitar riesgos de financiamiento ilegal.
Finalmente, consideró que cualquier modificación de fondo al sistema electoral deberá analizarse con detalle en el Congreso de la Unión, pues implicaría cambios constitucionales que impactarían directamente en la vida política de los estados.
