Por Claudia Zapata/CNT/ANTAM
Cd. Victoria, Tamaulipas.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, Eva Reyes González, advirtió sobre el creciente uso de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos delictivos en la frontera, particularmente en actividades relacionadas con el tráfico de personas, drogas y labores de vigilancia para organizaciones criminales, situación que en muchos casos es propiciada por sus propios padres.
La legisladora señaló que, aunque aún espera contar con cifras actualizadas de instancias como el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), existen casos que evidencian la gravedad del problema.
Citó como ejemplo el caso de un menor que había sido deportado en 11 ocasiones después de participar en el cruce ilegal de personas hacia Estados Unidos, lo que, dijo, refleja la participación de las propias familias en la explotación de los menores.
«Ahí habla uno de la confabulación de la propia familia, en donde explotan esta condición de los menores, los sacan de la escuela y los ponen a trabajar en eso, sabiendo que las consecuencias son mínimas», expresó.
La legisladora explicó que actualmente muchos menores son utilizados por las organizaciones criminales debido a que su condición de adolescentes reduce las consecuencias penales, convirtiéndolos en «carne de cañón» para actividades ilícitas.
Reyes González dijo que además del tráfico de drogas y de personas, los menores también son empleados como «estacas» o vigilantes de los movimientos de las autoridades.
Dijo que que esta práctica forma parte de una problemática más amplia que podría estar relacionada con delitos como la trata de personas, por lo que consideró indispensable fortalecer las acciones de protección para la infancia.
En ese sentido, dio a conocer que prepara una iniciativa de reforma para endurecer las sanciones contra los padres o tutores que induzcan, permitan o fomenten que sus hijos participen en actividades delictivas.
La propuesta contempla ampliar las responsabilidades legales de los progenitores cuando exista explotación infantil con fines criminales, al considerar que actualmente las consecuencias para los adultos son insuficientes.
«La idea surgió pensando en aquellos delitos que cometen menores desde los 13 años y donde los propios padres fomentan o preparan esas conductas», afirmó.
La diputada agregó que existen zonas de Reynosa donde, por generaciones, algunas familias han vivido del tráfico de migrantes, lo que ha normalizado que niñas, niños y adolescentes crezcan inmersos en estas actividades.
«Los niños crecen viendo esas escenas y, al saber que son menos vulnerables ante el sistema de justicia, los utilizan para satisfacer las necesidades económicas de la familia y es explotación infantil y tenemos que ponerle un alto desde la ley», sostuvo.
Eva Reyes González insistió en que solicitará información actualizada a Sipinna para dimensionar el número de menores involucrados en estas actividades y fortalecer la iniciativa con datos oficiales.
