Por Agustin Peña Cruz | NoticiasPC.com.mx
Ciudad Madero, Tam.- La muerte de Ezequiel “N”, un joven atropellado por un conductor en estado de ebriedad en Tampico ha sido un tema de debate que México arrastra desde hace años: la fragilidad de la seguridad vial frente a la normalización del alcohol al volante y la debilidad en la aplicación de la ley. En entrevista, el Dr. Francisco Castañeda Cruz, secretario de la asociación civil Acciones con Sentido, expone un panorama en el que dicho problema no es solo institucional, sino profundamente cultural.
“Hay que aplicar el reglamento y estar muy vigilante de ese tipo de situaciones”, afirma. El diagnóstico no se limita a la omisión de las autoridades, sino que apunta a una responsabilidad compartida. Por un lado, conductores que, aun conscientes del riesgo, deciden manejar bajo los efectos del alcohol; por otro, una supervisión que no siempre logra ser constante ni efectiva.
Para el activista, el origen del problema es que: “Viene de uno, de la misma cultura, de lo personal, de la falta de responsabilidad individual. Si yo voy a tomar, ¿para qué voy a manejar?”, cuestiona. La reflexión, lejos de ser retórica, se inserta en un contexto donde los accidentes viales asociados al consumo de alcohol continúan cobrando vidas y evidencian fallas estructurales.
En ese escenario, los operativos de alcoholemia —frecuentemente criticados por la ciudadanía— son, en palabras de Castañeda Cruz, “un mal necesario”. El propósito, sostiene, no es recaudatorio ni punitivo en esencia, sino preventivo: “No queremos eso, pero es necesario porque así evitamos que un inocente, un hijo, un padre, un abuelo fallezcan a causa del atropellamiento de una persona en estado de ebriedad”.
Sin embargo, la efectividad de estas medidas enfrenta un obstáculo inesperado: la propia ciudadanía. La práctica de difundir en redes sociales la ubicación de los retenes de alcoholímetro, explica, erosiona el objetivo de los operativos. “Es como hacer burla a la autoridad, de que esos operativos no funcionan, no tienen la efectividad como debería”, señala. La contradicción es que: mientras se exige mayor vigilancia, se debilitan los mecanismos diseñados para prevenir tragedias.
Mientras tanto, el debate sobre las sanciones también ocupa un lugar central. Aunque las multas elevadas suelen presentarse como solución, el entrevistado advierte que, por sí solas, resultan insuficientes. “Las multas sí son necesarias, pero sin abusar también”, precisa, subrayando la importancia de evitar prácticas arbitrarias o corruptas por parte de los agentes de tránsito. La legitimidad de la ley,
sugiere, depende tanto de su aplicación como de la percepción de justicia en su ejecución.
En este punto, surge otro de los problemas continuos: la corrupción. Castañeda Cruz insiste en que la supervisión debe realizarse “tal cual debe de ser”, sin distorsiones ni privilegios. La crítica alcanza a un fenómeno arraigado en la vida pública mexicana: el tráfico de influencias. “El mismo servidor público debe poner el ejemplo… aquí no hay distingo de ningún tipo. Aquí todos parejos”, sostiene, en referencia a la necesidad de que funcionarios enfrenten las mismas consecuencias legales que cualquier ciudadano.
La conversación adquiere así un tono más amplio, que trasciende el ámbito de la seguridad vial. Lo que está en juego, advierte, es una transformación cultural que México aún no logra consolidar. “La cultura que no tenemos en México, que existe en Canadá, que existe en Estados Unidos, pues no la tenemos aquí”, afirma, al tiempo que reconoce que las conductas de riesgo —como el uso del celular al conducir— están extendidas en la mayoría de la población.
En ese sentido, el problema no admite soluciones simples. Ni el endurecimiento de sanciones ni el incremento de operativos serán suficientes sin un cambio de fondo en la relación de la sociedad con la legalidad. “Debemos tener conciencia de ambas partes”, concluyó.
